Montevideo, 16 de octubre de 2025. Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en aprobar por vía legislativa una ley de eutanasia, permitiendo el acceso a la llamada “muerte digna” en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo.
El proyecto fue aprobado en el Senado por 20 votos a favor sobre 31, tras un extenso proceso de debate que se prolongó por más de cinco años. Con esta sanción definitiva, Uruguay se suma al reducido grupo de naciones como Países Bajos, Bélgica y Canadá que cuentan con una legislación específica sobre eutanasia y asistencia médica para morir.
La norma, titulada Ley de Muerte Digna, fue impulsada por el Frente Amplio y contó con el respaldo de dos senadores del Partido Colorado y una legisladora del Partido Nacional. Entre los promotores del texto original figura Ope Pasquet, quien presentó la primera iniciativa en 2020.
El texto aprobado establece que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta podrá solicitar la eutanasia si atraviesa la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o padece sufrimientos físicos o psicológicos insoportables. La solicitud deberá realizarse en persona y por escrito, garantizando que la decisión sea libre, informada y voluntaria.
Según la nueva ley, el médico tratante deberá informar al paciente sobre los cuidados paliativos disponibles y evaluar si se cumplen las condiciones establecidas. En caso afirmativo, un segundo profesional independiente deberá ratificar el diagnóstico.
Si existe discrepancia, una Junta Médica resolverá el caso en un plazo máximo de cinco días.
Una vez confirmada la solicitud, el paciente podrá expresar su última voluntad por escrito ante dos testigos, y el procedimiento se realizará “de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.
La norma también crea una Comisión Honoraria Nacional de Eutanasia, encargada de evaluar los casos y remitir informes anuales al Ministerio de Salud Pública y al Parlamento.
El debate sobre la eutanasia en Uruguay fue impulsado por el caso de Fernando Sureda, exdirigente del fútbol local que en 2019 pidió públicamente la legalización del procedimiento debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía. Su historia contribuyó a colocar el tema en la agenda política y social.
Uruguay ya había sido pionero en otras ampliaciones de derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo (2012), el matrimonio igualitario (2013) y la regulación del cannabis (2013), lo que refuerza su perfil progresista en la región.
El senador Ope Pasquet destacó que la ley “reconoce el derecho individual a decidir sobre el propio final” y subrayó que “nadie será obligado a optar por la eutanasia”.
Sin embargo, sectores del Partido Nacional y representantes de organizaciones religiosas manifestaron su desacuerdo, cuestionando los conceptos de “muerte digna” y “libertad” empleados en el texto.
Pese a las diferencias, el 62% de la población uruguaya se declaró a favor de la legalización, según una encuesta de la consultora Cifra.
