En un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Seguridad, se detuvieron a 14 prófugos que recibían ilegalmente pensiones no contributivas por invalidez laboral. Este descubrimiento fue parte de auditorías que revelaron que de 131 beneficiarios investigados, el 57% no cumple con los requisitos para recibir el beneficio. Los datos sugieren un esquema de corrupción que podría desviar entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año, planteando serias dudas sobre la administración de estos fondos públicos.

Los detenidos, algunos con múltiples antecedentes penales, fueron citados bajo el pretexto de una auditoría médica. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “los parásitos cayeron en su propia trampa”, destacando la importancia de estas acciones en la lucha contra el abuso de los recursos destinados a personas con discapacidad. La ANDIS anunció el inicio del procedimiento para cancelar las pensiones de estos beneficiarios, reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

El escándalo ha puesto de aliviar la necesidad de una revisión más exhaustiva de los beneficios otorgados, ya que se estima que un 33% de los beneficiarios no pudieron ser localizados en sus domicilios, lo que genera dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.