La Universidad de Harvard rechazó de forma contundente las exigencias de la administración Trump, que buscaba imponer una serie de reformas bajo el argumento de promover una “educación basada en el mérito”. Entre los pedidos se incluía reestructurar las políticas de contratación y admisión, eliminar programas de diversidad, denunciar a estudiantes internacionales y someterse a auditorías ideológicas.

El gobierno de Trump amenazó con cortar fondos si la universidad no aceptaba estas condiciones. Sin embargo, Harvard respondió que las demandas eran ilegales, inconstitucionales y atentaban contra la libertad académica.

“Ni este ni ningún otro gobierno debería dictar a una universidad privada a quién admitir, contratar o qué enseñar”, dijo Alan Garber, presidente interino de Harvard. “No vamos a ceder ni renunciar a nuestra independencia institucional”.

La administración había justificado su presión apelando a una supuesta necesidad de garantizar “admisión y contratación por mérito”, pero sin definir con claridad a qué se refería con ese criterio. La universidad respondió que ya implementa políticas rigurosas y que no aceptará interferencias que comprometan sus principios.

Mientras otras instituciones como Columbia han cedido exigencias similares, Harvard se convierte en la primera en oponerse frontalmente, abriendo un posible conflicto legal con alcance nacional. Más de 800 profesores y múltiples asociaciones académicas respaldaron la decisión.