A pesar de encontrarse en medio de una situación legal complicada, el influencer Yao Cabrera sigue adelante con la organización de “La Gran Pelea”, un evento de boxeo que tendrá lugar el 13 de octubre en el teatro Gran Rex, y que promete enfrentar a varias figuras mediáticas, como L-Gante, Thomas Holder, la boxeadora “Tigresa” Acuña y Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Sin embargo, este espectáculo acaba de recibir un duro golpe por parte de la Justicia Federal, que ha ordenado un embargo preventivo sobre la recaudación de las entradas. Esta decisión fue tomada como parte de las sanciones derivadas de la condena penal que pesa sobre Cabrera, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por delitos graves como se trata de personas con multas de explotación sexual y laboral, así como reducción a la servidumbre. La causa, tramitada en el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín, incluye además una indemnización millonaria para una de las víctimas, la diseñadora gráfica Giovanna De Mittole.

El embargo no solo complica las expectativas financieras del evento, sino que también ha generado dudas entre los participantes, quienes ahora se preguntan quién asumirá los pagos de los elevados cachets prometidos. Para agravar la situación, las ventas de entradas han sido bajas, lo que pone en jaque la viabilidad de “La Gran Pelea”.

Además del embargo y los problemas financieros, Cabrera sigue enfrentando nuevas imputaciones judiciales. Recientemente, fue denunciado por amenazas y ataques informáticos a periodistas que cubrieron su condena. Estos hechos están siendo investigados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 62, que examina acusación de amenazas coactivas, extorsión y otros delitos.

La polémica en torno a Cabrera tampoco se limita a este caso. La llamada “Mansión WIFI”, residencia de su grupo de influencers, está bajo investigación en Escobar por presuntos delitos relacionados con corrupción de menores, facilitación de la prostitución y tráfico de estupefacientes. Jorge Zonzini, manager de medios y uno de los principales denunciantes, ha afirmado que la condena de cuatro años podría ser solo el comienzo para el influencer, y que este podría enfrentar hasta una década en prisión por las diversas causas que aún están en curso.