El Gobierno español ha dado un paso más en su lucha contra la gestación surogada —una práctica ilegal en el país desde 2006 y calificada desde 2022 como una forma de violencia contra las mujeres— al cerrar una de las principales grietas administrativas que permitía su regularización: la inscripción de bebés nacidos por esta vía en consulados españoles. La nueva instrucción, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), impide que cualquier sentencia extranjera o documentación médica sirva para registrar a estos menores como ciudadanos españoles desde el extranjero.
Cada año, ciudadanos españoles acuden a países como México, Ucrania, Estados Unidos o Canadá para acceder a servicios de gestación surogada. Aunque la práctica es ilegal en España, la legislación hasta ahora permitía el reconocimiento de estos bebés al regresar, gracias a resoluciones judiciales extranjeras o certificados médicos. En nombre del “interés superior del menor”, el Estado acababa reconociendo la filiación, una situación que la nueva normativa corta de raíz.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, establece que no se aceptará “en ningún caso” la inscripción de menores nacidos mediante esta práctica con base en documentos extranjeros. El texto recuerda que el contrato de gestación subrogada es contrario al orden público español, cosifica tanto a la mujer gestante como al niño, y vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
El cambio viene impulsado por una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024, que marcó un antes y un después al denegar la inscripción de menores nacidos mediante gestación subrogada, incluso cuando mediara una sentencia extranjera. El fallo subraya que el interés del menor no puede interpretarse a partir de los intereses de quienes contratan el vientre de alquiler, sino de los valores y principios asumidos por la sociedad española.
La nueva instrucción recoge y desarrolla esa doctrina: los bebés no quedarán sin derechos, pero deberán ser reconocidos mediante los procedimientos ordinarios dentro de España, como la filiación biológica —si se prueba— o la adopción posterior tras verificar la existencia de un núcleo familiar estable.
En la práctica, las familias que recurrieron a vientres de alquiler en el extranjero ya no podrán inscribir a los bebés directamente en consulados españoles. Deberán obtener pasaportes locales para viajar y, una vez en España, iniciar un proceso judicial que determine la filiación conforme a las leyes nacionales. Este
A diferencia de otras cuestiones vinculadas a los derechos reproductivos, esta decisión cuenta con un amplio consenso en España. Desde el feminismo institucional hasta la mayoría de los partidos políticos —con la excepción del extinto Ciudadanos—, se rechaza de forma transversal la gestación subrogada, entendida como una forma de explotación reproductiva y mercantilización de mujeres y niños, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad económica.
La medida también cuenta con el respaldo de asociaciones médicas y jurídicas. Desde el Gobierno se insiste en que “ser padres no es un derecho, sino un deseo” , y que no puede estar por encima de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres.
La gestación subrogada mueve miles de millones de euros en todo el mundo. En países como India, las mujeres pueden recibir apenas 4.000 euros por todo el proceso, mientras que en Estados Unidos la cifra puede superar los 100.000, dependiendo de los intermediarios, abogados y agencias implicadas. Para quienes contratan el servicio, el coste total oscila entre los 70.000 y los 250.000 euros.
Esta compleja red legal, médica y económica ha evolucionado adaptándose a los cambios geopolíticos —como el cierre de fronteras durante la pandemia o la guerra en Ucrania—, y sigue generando un intenso debate social, especialmente entre sectores del colectivo LGTBIQ+ que la consideran una vía legítima de acceso a la paternidad, frente a sectores feministas que la denuncian como una nueva forma de explotación del cuerpo femenino.
¿Qué sigue?
La nueva instrucción es parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca frenar esta práctica sin necesidad de penalizarla, como ocurre en Italia, donde las multas pueden superar el millón de euros y conllevan hasta dos años de cárcel. Resta por ver si, como se ha propuesto, la gestación subrogada será incluida como forma de trata en la futura Ley de Trata de Seres Humanos, actualmente pendiente de segunda lectura en el Consejo de Ministros.
