El Gobierno de Andorra estudia equiparar la creación de contenido para OnlyFans con la prostitución, una medida que podría impactar directamente en varios residentes españoles que han encontrado en el Principado un refugio fiscal.
La ministra de Interior y Justicia de Andorra, Esther Molné, anunció en una sesión parlamentaria que el Ejecutivo ha encargado un estudio para evaluar si los servicios sexuales en línea pueden considerarse equivalentes a la prostitución tradicional. En Andorra, la prostitución con contacto físico es considerada una infracción administrativa, mientras que el proxenetismo está castigado con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, la legislación actual no contempla la venta de contenido erótico o pornográfico a través de plataformas digitales.
Molné justificó la decisión argumentando que este tipo de actividades “pueden derivar en abusos y explotación”, por lo que el Gobierno pretende analizar si se debe establecer una prohibición administrativa de los servicios sexuales en línea, equiparándolos a la prostitución tradicional.
El debate ha puesto en la mira a varios creadores de contenido españoles que residen en Andorra y generan ingresos millonarios a través de OnlyFans. Algunos de ellos han expresado su preocupación en redes sociales. “De los 3 o 4 millones de euros que he ganado en OnlyFans, en España probablemente me habrían quitado la mitad”, afirmó una creadora, destacando la baja carga impositiva andorrana como uno de los principales motivos de su residencia en el país.
Además, la medida afectaría directamente a figuras como Sergio Fuentes, autodenominado “el rey de OnlyFans”, quien ha sido investigado por proxenetismo en Andorra. Su caso ha avivado el debate sobre la línea entre la explotación y el consentimiento en la industria del contenido para adultos.
La respuesta política y social
Núria Segués Daina, presidenta suplente del grupo parlamentario Concòrdia, criticó duramente la normalización de plataformas como OnlyFans, asegurando que la mayoría de las creadoras de contenido son mujeres que podrían estar recurriendo a este tipo de trabajo por necesidad, no por elección. “Esto no es empoderamiento, es coacción”, sentenció.
El caso ha puesto en evidencia una doble moral en el tratamiento del tema: mientras Andorra se presenta como un paraíso fiscal que atrae a creadores de contenido y streamers, ahora busca poner límites a ciertas actividades económicas digitales.
