El asesinato de Kim González, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por 15 cuadras en la rueda del auto por dos delincuentes menores en La Plata, reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina. En respuesta, el Gobierno ha decidido priorizar el tratamiento de un proyecto de ley que busca reducir la edad mínima para que un menor pueda ser juzgado penalmente.
Los responsables del crimen son dos adolescentes de 14 y 17 años. El primero, identificado como N.M., es inimputable según la legislación vigente, lo que impide que sea condenado por el homicidio. Según especialistas, podría permanecer recluido en un instituto de menores por un período de hasta un año antes de recuperar su libertad. En cambio, el adolescente de 17 años, quien ya tenía antecedentes, podría enfrentar una condena menor a la de un adulto.
Ante la conmoción pública y las crecientes demandas por endurecer las penas para menores, el gobierno nacional decidió acelerar el tratamiento de un proyecto de ley presentado en 2024. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó en redes sociales: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser URGENTE. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes”.
El proyecto propone reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y establece penas diferenciadas para los adolescentes en función de la gravedad del delito. También contempla la creación de establecimientos especiales para jóvenes infractores. Actualmente, se encuentra en debate en un plenario de comisiones, junto con otras 12 iniciativas legislativas que abordan la misma problemática.
La oposición también tomó una postura activa en el debate. Desde el PRO bonaerense, se insistió en la necesidad de aprobar la ley de reiterancia para evitar que reincidentes queden en libertad. Elisa Carrió, por su parte, criticó la falta de avances en el Congreso: “Siento un profundo dolor por el crimen de Kim. No puedo entender por qué nunca se trató el proyecto de Régimen Penal Juvenil”.
Entre los distintos proyectos analizados, hay diferencias sobre la edad mínima de imputabilidad y las penas máximas aplicables. Mientras que el proyecto del PRO, impulsado por Diego Santilli, propone fijar la edad mínima en 15 años con una pena máxima de 15 años para homicidios dolosos, la propuesta del oficialismo la reduce a 13 años con una pena máxima de 20 años.
Fuentes legislativas indicaron que, tras finalizar la etapa de sesiones informativas, ahora se trabajará en la construcción de consensos para la firma de un dictamen. De lograrse un acuerdo, el proyecto podría ser tratado en el recinto en los próximos meses.
