Cientos de buques chinos operan en el Atlántico Sur de manera irregular, generando graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la depredación de especies marinas clave para el ecosistema argentino.
Según un informe de la Environmental Justice Foundation (EJF), entre 2019 y 2024 la flota china aumentó un 85% sus horas de pesca en la región, centrada principalmente en la captura de calamar, mientras los desembarques muestran señales de disminución alarmante. Las embarcaciones suelen izar banderas de conveniencia Vanuatu, Camerún y, recientemente, comenzaron a utilizar puertos chilenos para descarga, repostaje y mantenimiento.
El informe destaca que el calamar argentino no solo es un recurso económico valioso, sino también un pilar del ecosistema, ya que sustenta a delfines, lobos marinos, aves marinas y peces comerciales. Sin embargo, la pesca industrial china carece de supervisión y regulaciones, lo que aumenta la presión sobre la especie y pone en riesgo toda la cadena alimentaria marina.
Además de la depredación ambiental, la EJF documentó abusos laborales extremos. Tripulantes indonesios y filipinos relataron jornadas laborales excesivas, violencia física, intimidación y deducciones salariales. Casi dos tercios de los calamareros denunciaron muertes o agresiones a bordo, mientras que también se documentaron matanzas deliberadas de tiburones y lobos marinos.
Actualmente, se estima que la flota china en el Atlántico Sur cuenta con unas 600 embarcaciones, con un crecimiento de más del 800% en la última década. El negocio mueve más de 700 millones de dólares al año, impulsando la pesca ilegal y afectando tanto a los ecosistemas locales como a la economía de Argentina.
Expertos alertan que la falta de control y regulación permite que productos obtenidos bajo estas condiciones puedan llegar a mercados internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido, reforzando la urgencia de medidas internacionales para frenar la explotación ilegal.
