En una resolución histórica que sacude los cimientos de la política argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. La sentencia, que ya había sido dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y ratificada por Casación, la condena a seis años de prisión y la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad los recursos extraordinarios presentados por su defensa, junto con los de otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. Esta decisión convierte a Cristina Kirchner en la segunda expresidenta condenada a prisión en democracia, después de Carlos Menem.
La causa, que comenzó en 2008, investigó un esquema de corrupción sistemática en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas vinculadas a Báez, un empresario cercano al kirchnerismo. El fallo determinó que se trató de una “administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado”, con un perjuicio estimado en más de 84.000 millones de pesos.
Según la sentencia, el entramado no fue un mero desvío de fondos, sino una asociación entre funcionarios y empresarios para direccionar contratos, sobreprecios y pagos irregulares. Cristina Kirchner fue hallada culpable como coautora penalmente responsable.
Dado que la exmandataria tiene más de 70 años, el Tribunal Oral deberá resolver si cumple prisión efectiva o arresto domiciliario. Sin embargo, su situación judicial ya tiene consecuencias políticas inmediatas: no podrá presentarse como candidata en ninguna elección, frustrando su intención de competir por una banca provincial en 2025.
Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta durante dos mandatos consecutivos (2007-2015) y vicepresidenta entre 2019 y 2023. Durante más de una década fue una figura central en la vida institucional argentina, liderando un movimiento con fuerte apoyo popular y también gran rechazo.
Su condena marca el final formal de su carrera política. Pero también abre un nuevo capítulo en el que su legado será revisado bajo una lupa más severa. Aunque sus seguidores insisten en que es víctima de “lawfare”, los fundamentos del fallo resaltan que se respetaron las garantías del debido proceso y que las pruebas fueron abrumadoras.
¿Y ahora qué?
Cristina anunció que llevará el caso a tribunales internacionales. Sin embargo, ese camino es lento y no suspende la ejecución de la sentencia en el ámbito local. Mientras tanto, el peronismo se ve obligado a reconfigurar su liderazgo en un año electoral clave, sin su figura más influyente.
La política argentina no vuelve a ser la misma tras esta sentencia. La impunidad de los poderosos comienza a mostrar grietas, y la Justicia —con lentitud, pero firmeza— envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley.
