La situación alrededor de Jorge Lanata ha escalado con una medida judicial que ha generado controversia al ser vista como un ataque a la libertad de expresión. Un juez del Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires prohibió a los medios mencionar al periodista y a su esposa, Elba Marcovecchio, en relación a su situación familiar, de salud y otros aspectos privados. Esta acción surge a raíz de una solicitud de Marcovecchio, quien argumenta que la cobertura mediática de la disputa con las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, está agravando la vulnerabilidad emocional de ambos, especialmente considerando el delicado estado de salud de su esposo.

La medida fue cuestionada públicamente, siendo interpretada como una censura, con voces como la diputada Silvana Giudici expresando su rechazo. Además de la prohibición a la prensa, se ordenó una evaluación médica interdisciplinaria para determinar si Lanata es capaz de tomar decisiones por sí mismo, y se solicitó informes de varias instituciones médicas sobre su estado de salud.

El conflicto ha sido alimentado por denuncias cruzadas. Las hijas de Lanata presentaron una denuncia de 67 páginas en la que acusan a Marcovecchio de haber afectado tanto la salud como el patrimonio de su padre, destacando gastos llamativos, como dos millones de pesos en una joyería, y posibles faltantes en la casa de Lanata.

La decisión judicial, junto con las denuncias familiares y la exposición mediática, ha generado un debate en torno a los límites entre la privacidad de los individuos públicos y la libertad de información.